Nohelia Llerena, directora ejecutiva de CONADEMI, señaló que el principal obstáculo para la formalización de la pequeña minería y minería artesanal en el Perú no es la falta de voluntad de los mineros, sino la ineficiencia del propio Estado y el incumplimiento de compromisos asumidos.
Durante una reciente entrevista, Llerena sostuvo que existe una peligrosa confusión entre minería ilegal y pequeña minería en proceso de formalización. “No se puede seguir satanizando a quienes trabajan y buscan regularizarse. El minero ilegal delinque; el pequeño productor quiere formalizarse”, afirmó.
Exceso de requisitos y compromisos incumplidos
La directora ejecutiva de CONADEMI explicó que, tras la ampliación del REINFO hasta diciembre de 2026, el Gobierno asumió obligaciones concretas como la realización de un censo minero, la creación de un nuevo régimen para el pequeño productor y la implementación de fiscalizaciones laborales diferenciadas. Sin embargo, dichos compromisos no se han ejecutado dentro de los plazos establecidos.
“Al empresario minero se le imponen múltiples requisitos, pero el Estado no cumple con generar las condiciones para que el proceso avance. No puede existir solo sanción y estigmatización; debe haber acompañamiento técnico y coherencia institucional”, enfatizó.
Superposición de concesiones y conflicto territorial
Otro de los problemas estructurales identificados por Llerena es la superposición de concesiones mineras sobre territorios donde comunidades desarrollan actividades tradicionales. Según explicó, en muchos casos se trata de concesiones que no están siendo explotadas, lo que genera conflictos cuando pequeños mineros trabajan en zonas donde existe un título minero vigente pero inactivo.
Para CONADEMI, este escenario evidencia la necesidad de revisar el tratamiento de las llamadas “concesiones ociosas” y mejorar el ordenamiento territorial minero.
Cifras que evidencian el estancamiento
Actualmente existen más de 31 mil registros REINFO en proceso de formalización. No obstante, durante el año 2025 solo 97 mineros lograron culminar el proceso. Para Llerena, esta cifra demuestra que el problema no radica en la voluntad del productor, sino en la tramitología excesiva y la limitada capacidad operativa del Estado.
Ley MAPE sin implementación efectiva
Finalmente, Llerena cuestionó que la Ley MAPE, anunciada como el instrumento clave para ordenar la pequeña minería, no haya sido desarrollada en sus aspectos técnicos y reglamentarios. “Sin parámetros claros y sin voluntad política real, la formalización seguirá siendo un discurso y no una política pública efectiva”, advirtió.
Desde CONADEMI exhortan a que la minería sea tratada como eje estratégico de desarrollo nacional y que se impulse una política integral que diferencie claramente ilegalidad de informalidad, reduzca la burocracia y acelere los procesos técnicos pendientes.
La formalización —concluyó Llerena— requiere reglas claras, cumplimiento estatal y una visión de país que entienda que la pequeña minería también forma parte de la economía formal que el Perú necesita consolidar.