Carlos Mejía, vocero técnico de CONADEMI, señaló que el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal enfrenta un serio estancamiento debido a la excesiva tramitología y a la limitada capacidad operativa del Estado.
Durante una entrevista, explicó que uno de los principales problemas es la superposición de concesiones mineras sobre territorios donde pequeños productores desarrollan actividades tradicionales. En muchos casos, el subsuelo se encuentra concesionado a una empresa o persona natural que no viene explotando el área, generando conflictos cuando un minero artesanal trabaja en esa zona. Según indicó, si una concesión no es explorada ni explotada, se trata de una concesión ociosa que debería revisarse para evitar fricciones sociales y productivas.
Mejía precisó que actualmente existen alrededor de 31,600 registros REINFO en proceso de formalización; sin embargo, durante el 2025 solo 97 lograron culminar el procedimiento. Para el vocero de CONADEMI, esta cifra evidencia que el cuello de botella no está en la voluntad del pequeño productor, sino en la lentitud administrativa y la falta de personal técnico en las entidades responsables de evaluar los expedientes.
Asimismo, cuestionó la falta de avances concretos en la implementación de la Ley MAPE, anunciada como la herramienta clave para ordenar el sector. Señaló que no se han desarrollado parámetros técnicos claros que permitan a los mineros acogerse a un procedimiento viable y predecible, lo que genera incertidumbre y prolonga la informalidad.
Finalmente, exhortó a que la minería sea tratada como un eje estratégico del desarrollo nacional y que se realice un censo minero para conocer con precisión cuántos productores existen en el país, diferenciando claramente entre minería ilegal y minería en proceso de formalización. A su juicio, sin voluntad política, capacidad técnica y reglas claras, la formalización seguirá siendo una meta pendiente.