La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) emitió un pronunciamiento público expresando su profunda preocupación frente a la práctica reiterada de diversas entidades del sistema financiero de negar la apertura o proceder al cierre unilateral de cuentas bancarias a ciudadanos, emprendedores y empresas vinculadas a la actividad minera, bajo criterios de riesgo no debidamente motivados o sustentados únicamente en investigaciones en trámite.
En su comunicado, CONFEMIN advierte que esta situación afecta gravemente a miles de pequeños productores y mineros artesanales en proceso de formalización, quienes, pese a cumplir con las exigencias del Estado para integrarse a la economía formal, son excluidos del sistema financiero sin explicación clara ni procedimiento transparente. La consecuencia directa —señalan— es la imposibilidad de cumplir obligaciones laborales, tributarias y comerciales, generando un círculo de exclusión que contradice la política pública de formalización y bancarización obligatoria.
El gremio también enfatiza que la Constitución reconoce el derecho fundamental a la presunción de inocencia, principio reafirmado por el Tribunal Constitucional al señalar que la sola existencia de investigaciones en trámite no justifica la expulsión de una persona o empresa del sistema financiero. En esa línea, respalda un proyecto de ley orientado a fortalecer la protección de este derecho frente a decisiones restrictivas que no cuenten con sustento debidamente motivado.
Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que recientemente Paltarumi S.A.C. y el empresario Jimmy Pflücker denunciaron, en conferencia de prensa, lo que consideran un patrón de hostigamiento sistemático en su contra. Según informaron, una entidad financiera cerró cuentas y activó alertas ante la SBS y la UIF sin resoluciones judiciales firmes que lo respalden, generando impacto operativo y reputacional para la empresa.
La defensa legal de Paltarumi sostuvo que no existe acusación fiscal ni sentencia vigente contra Jimmy Pflücker, y que la difusión de información preliminar habría generado un entorno adverso que derivó en decisiones financieras restrictivas. Asimismo, advirtieron sobre la divulgación anticipada de información confidencial y la participación de terceros ajenos al proceso.
En este escenario, el pronunciamiento de CONFEMIN adquiere relevancia al plantear que las medidas de prevención financiera no deben convertirse en sanciones anticipadas ni en mecanismos que, en la práctica, excluyan del sistema formal a actores económicos sin que medie una decisión judicial firme. Para el gremio, equilibrar la gestión de riesgos con el respeto a los derechos fundamentales es clave para no debilitar los procesos de formalización minera en el país.
Tanto CONFEMIN como la defensa de Paltarumi han coincidido en su llamado a garantizar el debido proceso, la seguridad jurídica y la aplicación objetiva de los mecanismos de supervisión financiera, evitando decisiones arbitrarias que puedan afectar a empresas y trabajadores sin resolución definitiva de la autoridad competente.